“En todo este proceso sufrí muchísimo. Uno de los defensores hasta me llegó a llamar promiscua, pero lo mismo seguí adelante”, aseguró P., quien fue víctima de un abuso sexual en un viaje de egresados y, después de nueve años, tendrá una resolución judicial.

El 12 de agosto de 2014, los alumnos de un establecimiento secundario partieron de Monteros a San Carlos de Bariloche en el viaje de egresados. Los estudiantes, en el trayecto, consumieron bebidas alcohólicas mientras escuchaban música y se divertían.

En un momento ella se acostó a dormir en los últimos asientos del micro. Allí, aprovechándose de su situación, fue atacada por tres jóvenes (dos menores y un mayor), cuyos nombres se mantienen en reserva. El abuso se concretó en el interior del micro y duró unos 15 minutos. La adolescente, a través de terceros, se enteró de lo que le habían hecho cuando llegó a la ciudad de Córdoba. Allí comenzó su sufrimiento.

Lo primero que hizo fue avisarles a sus amigas cercanas que ella no había consentido mantener relaciones con sus compañeros. Después denunció lo que había sucedido a los coordinadores y a los padres tutores, que tampoco hicieron nada. Mientras trataba de recuperarse, en Monteros ya sabían lo que había ocurrido. “Lo único que pretendía era que mi mamá no se enterara. Era muy grande la vergüenza que sentía y no quería preocuparla”, declaró en esos tiempos.

Al enterarse de lo que había sucedido, sus padres decidieron acompañarla en el largo proceso judicial. La primera traba que debieron afrontar fue que trataran su caso en la provincia, ya que el abuso se había cometido en Córdoba. “Tuve muchas complicaciones en este proceso; uno de ellos es que no me tomaron las muestras correspondientes. Sufrí de depresión y angustia porque no me sentía escuchada por nadie. No podía hacerles entender que no era un exceso, como pretendieron hacer creer muchos, sino que hubo un delito. La violación a una joven indefensa es un delito”, señaló la ahora docente.

El caso pasó por diferentes instancias. “Lo que más me dolía es que siempre tenía que demostrar que era una víctima. Eso es lo peor que te puede pasar”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

El calvario de la joven llegó a su fin hace menos de tres meses. Se presentó ante la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís para pedirle colaboración. La profesional le explicó cuáles eran los caminos que podían transitar y terminó asumiendo como querellante en la causa. “Finalmente logré que alguien escuchara mi padecimiento y analizamos las diferentes alternativas a las que podíamos recurrir”, destacó.

Al analizar el expediente, la defensora oficial, que se negó a hacer declaraciones sobre el tema, se dio cuenta de que la causa estaba a punto de prescribir. Por ese motivo, decidió buscar una solución alternativa para que el caso se cerrara cuanto antes.

“Desgraciadamente los tiempos de la Justicia son muy lentos. Las pruebas se fueron perdiendo y no teníamos muchas alternativas. No es lo ideal, pero al menos, no será un caso que quede en la nada. Después de hablarlo con mi pareja, nos dimos cuenta de que era lo mejor, por lo que aceptamos”, añadió la víctima.

Con el aval de la fiscala María Eugenia Posse, la querella y de los defensores de los acusados, la causa se cerrará hoy si el juez Marcos Núñez Campero acepta una reformulación de cargos y el cierre del expediente a través de una probation.

Según el acuerdo al que arribaron, los acusados deberán realizar un tratamiento psicológico, talleres sobre cuestiones de género, tareas comunitarias, abonar una reparación de $ 1 millón a la víctima por el daño causado y un pedido público de disculpa que se realizara en una audiencia. “Sólo me interesa que ese perdón sea realmente sincero”, finalizó la víctima.